Absuelve Secretaría de la Función Pública del Estado a César Duarte

De la Redacción

El pasado 14 de noviembre, la Secretaría de la Función Pública emitió su resolución definitiva sobre el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, resolución que deja sin efectos dicho procedimiento administrativo y por lo tanto libre de responsabilidades administrativas por la denuncia presentada contra él, César D. y Mireya García Medina, todos ellos incluidos en el mismo procedimiento.

Así lo informó su abogado defensor, Juan Carlos Mendoza, quien indicó que partir de dicha resolución, buscó por medio de un juzgado de control que dicho tribunal concediera una audiencia de control a fin solicitar el sobreseimiento de la causa penal que también le fue impuesta, y limpiar el nombre de su representado.

“Pero hasta el derecho de limpiar su nombre le fue arrebatado junto con su vida, ya que el juez de Control señaló que no la podía conceder porque ya otra juzgadora había resuelto por medio de un auto de fecha 28 de agosto (dos días después de su muerte) que la causa penal de Lázaro había sido sobreseída con efectos de sentencia absolutoria”, reclamó el defensor y reprochó que no se diera a conocer este hecho ni a él como su defensor, ni a su familia.

El defensor refirió que la juez, al saber de la inocencia de Lázaro López, presentó una denuncia por la complicidad entre el Director del FIDEAPECH y el Ministerio Público que armaron el caso en su contra; esta denuncia se interpuso ante la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y Adecuado Desarrollo de la Justicia, la cual se le asignó el número único de caso 2019-0026821, “denuncia que desde luego nunca fue investigada que ya la misma iba a arrojar sin duda las enormes violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la verdad histórica que siempre pretendieron ocultar”, reclamó Mendoza.

El pasado 29 de noviembre, el juez de control de la causa penal de Lázaro (2535/2018) notificó la negativa de la Audiencia de Control porque la causa penal contra Lázaro fue sobreseída con efectos de sentencia absolutoria; “tal resolución no le da a la familia ni a la defensa la oportunidad de demostrar en una audiencia no solo su total inocencia frente a un delito inexistente, sino que con esa resolución se intenta cerrar la compuerta de la mentira para esconder todas las indescriptibles violaciones y torturas de las que fue objeto él y su familia”, concluyó.

Antecedente- Enero 2022

El abogado Juan Carlos Mendoza señaló que las pruebas que se generaron en contra de Lázaro López Ramírez, exdirector del Fideicomiso para Fomentar las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech) no contaban con suficientes elementos para llevarlo a prisión y que de haberse evitado este arresto no hubiera muerto por un contagio de Covid en el Cereso 1 de Aquiles Serdán.

Explicó que todo el proceso que motivó la detención de Lázaro en 2018 en la Ciudad de México se derivó de una serie de irregularidades que se crearon desde la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General del Estado y el propio Poder Judicial, para que el exdirector se mantuviera en prisión por un supuesto desvío de 6 millones de pesos.

Juan Carlos Mendoza demostró que no existe la figura de un desvío, pues explicó que los supuestos seis millones de pesos que desvío César Horacio D.J. en complicidad con Lázaro López, fue un recurso que se destinó al señor Néstor Baeza López, quien es presidente de la Empacadora Ganadera de Chihuahua, y que la asociación División del Norte sólo intervino para solicitar el recurso, que finalmente se entregó a dicha empacadora.

De acuerdo a los depósitos, pagos y destino que se le dio a los 6 millones de pesos que salieron de Fideapech a la Empacadora Ganadera de Chihuahua, compró activos y semovientes necesarios para la exportación de carne a Japón, lo cual tiene comprobado a través del contrato con número 07512/060.

“Por estos hechos, impusieron un proceso administrativo a Lázaro, César Horacio y Mireya, con múltiples de violaciones al proceso penal, administrativo y a la legalidad en todos los sentidos, porque el Fideapech, en ningún momento ha sido un organismo público descentralizado, ni una entidad paraestatal pública, sino que es una figura bancaria para la administración de recursos”, explicó. 

Dijo que el fideicomiso tiene tres convenios modificatorios, “la esencia del Fideapech es privada, ninguno de los convenios cambió la naturaleza jurídica, otro hecho es que lo que se señala como peculado tiene dos características, primero debe involucrar un ente público y un servidor público, hay una denuncia ante la SFP contra Mireya, César y Lázaro, sólo César era funcionario, pero violan el debido proceso porque la Función Pública puede recibir quejas y dar seguimiento a las mismas, para investigar si hay faltas, cuando investigue podrá presentar denuncias ante fiscalía y nunca investigaron y la pasaron directo”.